Claves del nuevo alquiler en Andorra: aterrizaje suave o bomba de relojería para 2030

<p>La nueva regulación del alquiler en Andorra plantea una salida progresiva del sistema de prórrogas forzosas, con un calendario escalonado entre 2027 y 2030 según la antigüedad de los contratos y el precio por metro cuadrado. La idea central es evitar una liberalización brusca del mercado que pueda provocar subidas repentinas para los residentes, permitiendo solo incrementos limitados por IPC y porcentajes máximos muy tasados.</p><p>El análisis explica cómo la ley divide los contratos por tramos, protege a los inquilinos mediante preavisos obligatorios de seis meses y controles formales estrictos, y limita las subidas cuando se firma un nuevo contrato. También introduce mecanismos de vigilancia como el SICAR, sanciones importantes para los propietarios que superen los límites legales y reglas muy duras para evitar abusos en la recuperación de viviendas por familiares.</p><p>El gran debate de fondo es si esta norma compra tiempo suficiente para resolver el problema estructural de la vivienda en Andorra o si simplemente aplaza la presión hasta 2030, cuando el sistema de protección empiece a desaparecer del todo. </p>